Las CCAA dicen que sin copago no lograrán el ahorro previsto

Invitat 31/07/10, 02:18 am

Loreto Mármol - Jueves, 29 de Julio de 2010

Las autonomías presionan al Gobierno central para que aplique medidas adicionales, como el copago en sanidad y dependencia, y la ministra Elena Salgado recula al decir que las decisiones se tomarán en cada ámbito sectorial. El asunto se queda pendiente para septiembre.

El último Consejo de Política Fiscal y Financiera -órgano que equivale al Consejo Interterritorial en el ámbito económico- se ha convertido en un pulso entre las comunidades autónomas y el Gobierno central.

La reunión, de trámite, ha causado decepción en las autonomías del PP e incluso en las del PSOE. La convocatoria sólo ha servido para ratificar el acuerdo de estabilidad presupuestaria de cada región para 2011-2013, algo que ya se había aprobado en el anterior pleno.

Según lo acordado entonces, esta convocatoria era para que el Gobierno propusiera medidas adicionales de ahorro (ver DM del 17-VI-2010), pero éstas no sólo llegaban con retraso -estaban previstas para antes de mediados de julio-, sino que no han llegado. La ministra de Economía y vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, llevaba desde febrero prometiendo nuevas soluciones. Primero envió a las comunidades un documento en el que proponía crear un grupo de trabajo específico en sanidad y dependencia y después se extendió a todos los sectores (ver DM del 16-II-2010 y del 24-III-2010).

Con el orden del día fijado, poco margen de maniobra tenían los responsables autonómicos de Economía para presionar a la ministra. No les ha quedado más remedio que hacerlo en el turno de ruegos y preguntas, pero Salgado ha dado marcha atrás al decir que son los consejos sectoriales los que tendrán que hacer las propuestas de ahorro.Los consejeros han hecho un esfuerzo para transmitir a Salgado que, siendo realistas y con la asfixia presupuestaria que soportan, para alcanzar ese techo de gasto hacen falta medidas adicionales.

El consejero catalán Antoni Castells ha sido el primero en exigir medidas -entre ellas el copago en sanidad, servicios sociales y educación-, y a continuación le ha seguido el resto.Su posición es contundente: "Hay que adoptar medidas que tengan un impacto financiero relevante, lo cual es muy difícil si no se entra en fórmulas en las que los usuarios paguen parte de las prestaciones en sanidad, educación y servicios sociales".

Según él, "habrá que tratar este asunto en septiembre, de cara a la negociación de los presupuestos; de lo contrario, no se va a poder conseguir el objetivo de déficit aprobado", y ha dejado claro que este tipo de copago se debe implantar a usuarios con un nivel de renta determinado.Gerardo Campas (Comunidad Valenciana) ha comentado que "ha sido una pérdida de tiempo, porque las propuestas del grupo de trabajo han brillado por su ausencia y Salgado se ha limitado a echar balones fuera; la ministra no puede decir que ya se han tratado en el Consejo Interterritorial de Sanidad".La gallega Marta Fernández ha mostrado decepción: "Mientras tenemos serios problemas para financiar los servicios públicos, no llegan las propuestas del grupo de trabajo que se nos prometieron".

Preguntada por el copago sanitario, ha dicho que "necesitamos la coordinación del ministerio".En la misma línea, Antonio Beteta, de Madrid, ha afirmado que "llevamos un año sin una sola propuesta del Gobierno y con los grupos de trabajo languideciendo". Mientras tanto, Salgado "nos propone un seminario en noviembre para analizar acciones futuras".Salgado ha manifestado que "en los interterritoriales de Sanidad se está trabajando en medidas que permitan lograr la eficiencia; las decisiones deben tomarse en los ámbitos sectoriales, y por tanto las propuestas que lleguen serán bien recibidas por el CPFF". En cuanto al copago, ha declarado que "las comunidades tienen en el copago por dependencia un margen de actuación que sería bueno que lo aprovecharan; en el sanitario, dado que no lo contempla la ley, debe decidirse en el ámbito sectorial".

RECORTES EN ANDALUCÍA

En Andalucía el PP ha hecho público el plan económico-financiero de reequilibrio de la Junta (2010-2013) para denunciar lo que los populares han llamado "la agenda oculta de los recortes sociales de José Antonio Griñán".

Según el texto, con el decreto de medidas urgentes en retribuciones en el sector público la Junta prevé un ahorro de 339 millones en 2010 y 593,3 en 2011.
También contempla una planificación de los recursos humanos bajo un criterio de austeridad y de reposición selectiva de bajas, con el que se pretende una disminución de 32,5 millones.

El documento habla de "implementación de otras medidas de racionalización del gasto sanitario como el impulso a la gestión clínica en un marco de procesos asistenciales integrado y planes para las patologías prevalentes, desarrollo de plataformas logísticas y compras centralizadas y uso racional de los productos sanitarios", con las que se ahorrarán 184 millones.

Habrá una adecuación del calendario de incorporación de nuevas prestaciones y servicios; es decir, "una puesta en marcha de forma más progresiva de nuevos centros hospitalarios de alta resolución y de nuevas prestaciones con repercusión presupuestaria al catálogo de prestaciones, y se mantendrán en su nivel actual los servicios concertados", lo que contendrá el gasto en 90 millones.